La Ley de Segunda oportunidad permite a tanto particulares, como autónomos deudores la posibilidad de renegociar sus deudas o desprenderse de una parte. Es un proceso judicial de Derecho Consursal para personas físicas que pueden contar o no con una actividad empresarial y se encuentren en una situación grave de insolvencia o estén a punto de entrar en quiebra.
La regulación de esta ley está definida por Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de Febrero que establece los mecanismo para poder acceder a esta segunda oportunidad, la posibilidad de reducir la carga financiera, además de otras medidas.
¿Cuál es su objetivo?
La Ley de Segunda oportunidad tiene como objetivo ofrecer un salvavidas a las personas que a pesar de haber estado pagando todas sus deudas, están sufreindo un bache económico. Esta ley no exime al deudor de sus deudas, ya que también protege al acreedor, sino que establece ayudas para que el pago de la deuda sea más posible.
Una persona física siempre tiene la capacidad de acudir al concurso de acreedores, pero esta segunda oportunidad le permite tener un ajuste a la hora de pasar por una situación económica inestable.
Requisitos para acogerse a la ley
Para acogerse a esta ley es necesario contar con un serie de requisitos:
- Tener pruebas de que el deudor no tiene el suficiente patromonio para enfrentarse a sus deudas
- La deuda tiene que ser menor de 5 millones de euros
- La deuda tiene haber sido contraida de bueba fe. Es necesario contar con un abogado concursal ya que este concepto es muy amplio.
Sin limitación en la deuda
Actualmente la ley ha sido modificada de manera significativa, incluyendo nuevos tipos de deudas que pueden ser exoneradas. Ahora las deudas establecidas con las administraciones públicas ya son admisibles para la Ley de Segunda oportunidad.
Tras el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo de Julio de 2019, en la actualidad es posible eliminar las deudas con la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Acuerdo extrajudicial
Si tanto el deudor como el acreedor no llegan a un acuerdo en común, la decisión final quedará en manos del juez competente y tomará la decisión de la cantidad de deuda a exonerar, pudiendo llegar al 100% en algunos casos.
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